Pronunciamiento MSP Catatumbo-Ocaña: “Por una paz que es lucha, sueño y esperanza”

Compartimos el pronunciamiento realizado el pasado 23 de junio en el municipio de Convención Norte de Santander, por el Comité de impulso de la Mesa Social para la paz Ocaña-Catatumbo, en el marco del foro “Proceso de diálogo e implementación de acuerdos en la región del Catatumbo”.

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Saludamos este espacio con la alegría se saber que nos une el interés de la paz, el anhelo de transitar hacia otro mundo posible, aquél que buscamos desde hace mucho  más de un siglo, cuando comenzó la noche oscura de nuestra larga historia de violencias.

Saludamos como Mesa Social para la Paz Ocaña – Catatumbo, un espacio de encuentro de personas, instituciones, partidos políticos  y organizaciones sociales, entre las que citamos:

       Polo Democrático Alternativo

       Alianza Verde

       Unión Patriótica

       Senador Alberto Castilla Salazar

       Redepaz Ocaña – Coordinación Municipal

       Comité de Integración Social del Catatumbo – CISCA

       Observatorio Socioeconómico y Ambiental del Catatumbo – UFPS

       Red Animal Ong

       Mesa de Víctimas

       Asociación de Institutores Nortesantandereanos – ASINORT

       Asociación Nacional Sindical de Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud y Seguridad Social Integral y Servicios Complementarios de Colombia. ANTHOC

Este espacio nace desde el interés, la necesidad y la urgencia de participar en la construcción de la paz, a partir de procesos que le hablen a las comunidades y a la vez las escuchen, que las consideren protagonistas en la medida que han vivido la violencia en su propia piel.

Como Mesa Social Regional Ocaña – Catatumbo suscribimos el pasado 4 de febrero el Pacto por la Paz, en el cual nos comprometimos a:

  1. Promover un Gran Diálogo Nacional para la Paz, complementario al proceso de conversaciones que se viene desarrollando entre el Gobierno Nacional y las Insurgencias. Este Diálogo responde a un clamor profundo de la sociedad colombiana para lograr una paz completa; una donde estén todas las insurgencias, todos los partidos y organizaciones políticas, todas las organizaciones sociales, todos los gremios empresariales, todas las comunidades basadas en la fe y la espiritualidad, todos los territorios, todos los pueblos indígenas y afrodescendientes, todas las mujeres y todos los hombres, toda la juventud, las diversidades sexuales, todas las víctimas del conflicto y todas las personas con discapacidades que éste ha acentuado; todas las personas que se han visto obligadas a exiliarse o emigrar.
  2. Proseguir en la construcción del mecanismo idóneo para que la participación de la sociedad sea decisoria y permita avanzar hacia las transformaciones necesarias para la paz.
  1. Participar decidida y creativamente en
    el proceso de  Diálogo entre el Gobierno Colombiano y el Ejército de Liberación Nacional, ELN.
  2. Respaldar los Acuerdos de La Habana entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP y reclamar el cumplimiento de lo pactado.
  3. Exigir el reconocimiento del EPL como insurgencia y clamar por la instalación de una mesa de negociación.
  1. Reclamar al gobierno el desmonte del paramilitarismo.

Tales compromisos nos implican en la búsqueda de soluciones a las complejas problemáticas de la Región y nos obligan a pensar más allá de la solución al conflicto armado.

La agudización de la pobreza en  zonas rurales, visible en el cuerpo de niños y niñas, mujeres y personas mayores de edad, que se desplazan día tras día  del campo a la ciudad, y cuyo flagelo se extenderá dentro de muy poco como pandemia por toda la Región.  Los altos Índices de Necesidades Básicas para el sector rural así lo muestran, 87,1%, El Tarra, 85% San Calixto, 80.28% Hacarí, mientras la media nacional es de 27.6%. Un médico por cada 5.000 habitantes, una planta docente tercerizada, una infraestructura educativa deficiente.

El agotamiento de los bienes de la naturaleza, la pérdida de la fertilidad de los suelos, la disminución sustancial de los cuerpos de agua, la alta contaminación ambiental, la ineficiencia en el manejo de los residuos sólidos, compleja situación marcada por la escasa o nula atención gubernamental.

Todo ello como consecuencia de un modelo productivo que mantiene preso el campesinado, pretendiendo de manera infructuosa convertirlo en pequeño empresario del campo. Transitar de cultivos de uso ilícito a cultivos legales, ambos desarrollados dentro del enfoque de Revolución Verde, no resolverá las problemáticas antes citadas.

Los monocultivos, el abuso de agroquímicos, la vulnerabilidad frente a los cambiantes precios del mercado, la incapacidad para garantizar la alimentación, el avance de la frontera agropecuaria,  son en realidad los factores que originan el problema en el campo, y esto no se supera cambiando de cultivo, solo se superará cambiando de modelo.

Si los conflictos por la tierra fueron el origen del conflicto armado en Colombia, insistir en modelos que contribuyen a su concentración, no serán pasos confiables para avanzar hacia la paz. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) emitió para el 2016 un estudio mediante el cual midió la desigualdad en la tenencia de la tierra, aplicando el coeficiente Gini  y determinó que, en efecto, nuestro país es altamente desigual en cuanto a la propiedad del terreno rural.[1]

Esto simplemente ratifica que Colombia tiene mucha tierra rural, pero en pocas manos, siendo el tercer país más desigual de América Latina, lo que debe llamar la atención en tanto el problema que dio origen al conflicto que hoy nos tiene conversando en este evento, se mantiene y pero aún, las actuales políticas como la Ley ZIDRES pueden profundizarlo.

 Este problema no es ajeno a la realidad del Catatumbo. En el municipio de Tibú, entre los años 2000 y 2010, se produjo una transformación concentradora de la propiedad rural, provocando un vertiginoso aumento del índice Gini el cual pasó de 0,50 en 2010 a 0,67 en 2011. Dos vías se utilizaron para despojar y acumular la tierra, la  vía coercitiva operada por los grupos paramilitares y la vía sin coerción aparente operada por empresarios y comisionistas.[2]

Estamos acá como Mesa Social Ocaña-Catatumbo para decir que la paz requiere transformar los problemas estructurales, no solo superar el conflicto armado y que nos comprometemos a participar en la búsqueda de dichas transformaciones.

No creemos en la participación como información, como consulta, o funcional a la definición de objetivos para planes que otros aplicarán. La entendemos como automovilización, asumiendo iniciativas independientes, basadas en la acción colectiva, desde abajo, y en consecuencia autónoma, vinculante, decisoria y directa.

Este es nuestro llamado, a construir Paz, con transformaciones, con justicia social, completa: donde quepan todos los pueblos y sectores, todos sus sueños y sus esperanzas.

Este es nuestro llamado a construir Mesa Social para la Paz,

A fortalecer, coordinar y actuar en unidad.

Porque Participar es Paz.

[1] Según el Igac, la desigualdad en la tenencia de predios en el campo, medida por el coeficiente Gini (en donde 0 significa total igualdad y 100 plena desigualdad), es en promedio del 0,89.

[2] Uribe K, Sonia. Transformaciones de tenencia y uso de la tierra en zonas del ámbito rural colombiano afectadas por el conflicto armado. El caso de Tibú, Norte de Santander (2000-2010) Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria. 2013.

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