Pacto para el Gran Diálogo Nacional para la Paz de Colombia Bogotá, 3 de noviembre de 2016

lugar-lleno

Organizaciones sociales y populares, autoridades departamentales y municipales, comunidades étnicas, iglesias y comunidades de fe, centros académicos, agremiaciones empresariales, partidos políticos, entre otros, reunidas en Bogotá D.C, el 3 de noviembre de 2016, hemos decidido:

 

  1. Promover un Gran Diálogo Nacional para la Paz –complementario al proceso de conversaciones que se viene desarrollando entre el gobierno nacional y las insurgencias–. Este Diálogo responde a un clamor profundo de la sociedad colombiana para lograr una paz completa; una donde estén todas las insurgencias, todos los partidos y organizaciones políticas, todas las organizaciones sociales, todos los gremios empresariales, todas las comunidades basadas en la fe y la espiritualidad, todos los territorios, todos los pueblos indígenas y afrodescendientes, todas las mujeres y todos los hombres, toda la juventud, las diversidades sexuales, todas las víctimas del conflicto y todas las personas con discapacidades que éste ha acentuado; todas las personas que se han visto obligadas a exiliarse o emigrar. Una paz completa será la que aborde todos los asuntos determinantes del conflicto armado, y que acuerde todas las transformaciones necesarias para la paz.
  2. Proseguir en la construcción –junto a todos los sectores que están comprometidos con la solución del conflicto social y armado– del mecanismo idóneo para que la participación de la sociedad sea decisoria y permita avanzar hacia las transformaciones necesarias para la paz. Ningún colombiano o colombiana debe temer a la participación ni a la democracia amplia y profunda. La participación que necesitamos debe tener incidencia real en la transformación del país;  debe garantizar a las organizaciones sociales que sean parte integral en la implementación de lo pactado de acuerdo con las realidades particulares de cada territorio; debe incluir especialmente a quienes no han podido hacerlo hasta ahora mediante los mecanismos existentes; implica la deliberación informada y argumentada; y garantizar que los contradictores tengan garantías reales de ser escuchados.
  3. Saludar el gran acierto del gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, de incluir en sus conversaciones el llamado a desarrollar una activa y protagónica participación de la sociedad. Ante ese llamado, respondemos con un SÍ rotundo a participar  decidida y creativamente en esta nueva fase del proceso de paz. Nuestra convicción es que un diálogo incluyente, plural y eficaz, en todos los territorios del país, es garantía de una paz transformadora que cuente con el apoyo de la inmensa mayoría de colombianas y colombianos. Cuenten con nosotros y nosotras en esta tarea.
  4. Respaldar los Acuerdos de La Habana entre el gobierno nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, que constituyen un logro de la sociedad colombiana. El Gran Diálogo Nacional para la Paz en que nos empeñamos, debe constituir una refrendación explícita y contundente de lo allí consignado. La participación amplia es la mejor manera de garantizar la refrendación.
  5. Llamar a las partes para que el cese bilateral indefinido acordado entre el gobierno y las FARC se extienda hacia un cese multilateral con el ELN, de manera que los diálogos y sobre todo, la participación de la sociedad se desarrollen en medio de un clima propicio para que todas las voces se expresen con garantías.

 

Asumimos que la paz es nuestro derecho y nuestro deber de obligatorio cumplimiento; no escatimaremos los esfuerzos que sean necesarios para no devolvernos a la guerra.

 

Este pacto, desde el día de mañana caminará por todos los territorios y las regiones de Colombia y el mundo, buscando el respaldo y el compromiso de todos y todas las que hoy no nos pudieron acompañar.

 

 

Anuncios

Instamos a instalación de la fase pública de la negociación con el ELN y exigimos participación de la sociedad en la construcción de la paz

Instamos a instalación de la fase pública de la negociación con el ELN y exigimos participación de la sociedad en la construcción de la paz

La Mesa Social para la Paz es una iniciativa de distintas organizaciones sociales que han venido insistiendo en la importancia de la participación de la sociedad en el actual proceso de paz.

En este sentido, estas organizaciones han convocado al Gobierno Nacional, a los empresarios y a todos los sectores de la sociedad a un gran diálogo nacional para solucionar, entre todos, las causas estructurales del conflicto social, político y armado que vive el país.

En ese papel y valorando la importancia de un proceso de paz con presencia activa de la sociedad y propositivo entre el Gobierno Nacional y la guerrilla del ELN, nos sumamos en pleno al llamado ciudadano para que se desarrolle “una reunión urgente entre las delegaciones de ambas partes para definir el inicio de la mesa formal de conversaciones”. El país espera la noticia.

Éste es el momento que más comprensión y voluntad requiere en el proceso entre el Gobierno Nacional y el ELN para que aquél despunte a la sociedad. Por ello, y sabiendo que la paz es un derecho de todos los colombianos, le pedimos a las partes persistir y que la presión no sea el mecanismo de relacionamiento en este momento.

Reiteramos que la participación social en los procesos y definiciones de la paz debe ser de fundamental importancia y que se requieren espacios que permitan el diálogo y negociación nacional por la paz y la democracia, en perspectiva de construir la paz y avanzar en las grandes transformaciones que requiere el país para una paz justa y duradera. Esto busca ayudar a impulsar decisiones nacionales favorables a superar problemas como la exclusión, la pobreza y la injusticia que históricamente han alimentado la guerra y que no deben seguir traduciéndose en política pública del gobierno, como ha sucedido con preocupantes decisiones como la reciente venta de Isagen y la Ley de Zidres, entre otras políticas que perjudican la posibilidad de una paz sostenible y duradera.

Comité de Impulso de la Mesa Social para la Paz

Suscriben:
Congreso de los Pueblos.
Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).
Proceso de Comunidades Negras (PCN).
Central Unitaria de los Trabajadores (CUT).
Coordinación de Movimientos Sociales de Colombia (Comosoc).
Movimiento Social Discapacidad Colombia (Mosodic).
Federación Unitaria de Trabajadores Mineros, Energéticos, Metalúrgicos, Químicos y de Industrias Similares de Colombia (Funtraenergética).
Senador Alberto Castilla, Polo Democrático Alternativo.
Asociación de Cabildos Indígenas del Norte de Cauca (ACIN).
Coordinador Nacional Agrario (CNA).
Movimiento Campesino de Cajibío.
Casa de la Mujer.
Sindicato de Trabajadores y Epleados Universitarios de Colombia (Sintraunicol) seccional Valle.
Mesa Ecuménica.
Iglesia Presbiteriana de Colombia.
Comisión de Justicia, Paz e Integridad de la Creación de los Misioneros Claretianos.
Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle (Sutev).
Red de Universidades por la Paz (Red Unipaz).
Movimiento Político de Masas del Centro Oriente Colombiano.
Red de Lucha contra el Hambre y la Pobreza.
Proceso Nacional de Identidad Estudiantil.
Minga Juvenil Nacional.
Tejido Juvenil Nacional Transformando a la Sociedad (Tejuntas).
Confluencia de Mujeres para la Acción Pública.
Sindicato Único Nacional de Mototrabajadores (Sunmcol).
Corporación Claretiana Nórman Pérez Bello.
Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA).
Comité de Integración Social del Catatumbo (CISCA).                                                Fuerza Común.
Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar.
Movimiento Político Poder y Unidad Popular (PUP).
Asociación Minga.
Instituto Nacional Sindical (INS).
Observatorio de Movimientos Sociales Suroccidente (Omsapt).
Censat Agua Viva.
Colectiva Antonieta Mercury.
Colectivo Profes Nuevos 1278.
Colectivo de la Salud Epitelio.
Corporación Ensayos.
Rocaso Estudiantil.
Zona Pública.
Instituto de Investigación Acción en Procesos Educativos y Sociales “Orlando Fals Borda (Iapes – OFB).
Observatorio de movimientos sociales del Suroccidente.

Es necesario confluir hacia una agenda común de país

Es necesario confluir hacia una agenda común de país

Más de 150 delegados de diferentes organizaciones sociales y populares acordaron el martes 2 de febrero preparar un paro cívico nacional ante la crítica situación social que vive el país y las políticas del gobierno. El encuentro, auspiciado por el movimiento sindical, planteó también la realización de un encuentro nacional de unidad popular que permita juntar las exigencias de los diferentes sectores sociales del país en un pliego y una agenda común.

Seguir leyendo “Es necesario confluir hacia una agenda común de país”

Jornadas para la construcción de país desde y para la migración y el exilio

Jornadas para la construcción de país desde y para la migración y el exilio

Colombia es una sociedad feliz. Así parece ser, según estudios globales sobre felicidad y economía que han recibido eco en los medios de comunicación en Colombia. Sin embargo, si tenemos en cuenta la situación social y económica del país, este tipo de felicidades deberían asustarnos. La disposición de extensos territorios en Colombia para expoliación minera, el pírrico aumento del salario mínimo y la siempre más amplia brecha entre las personas ricas y las pobres deberían tener sumido al país en serias preocupaciones sobre su futuro.

Pero Colombia no da pausa. Ahora que no necesitamos visa para viajar a Europa, que hemos tenido dos Miss Universo consecutivas, aunque el segundo reinado sólo nos haya durado un par de minutos, y sobre todo ahora que la paz se ha negociado con las FARC y se empieza a negociar con el ELN, la sociedad colombiana revienta de felicidad y optimismo. Pero, ¿en verdad lo creemos así?

Aparte de todas las historias fantásticas del país del Sagrado Corazón, las personas emigradas y las forzadas al exilio sabemos lo que significa salir del oasis de la motosierra y el raponeo institucional. Con nuestro trabajo como migrantes participamos de forma significativa en la economía del país: las mesadas de dinero que las personas emigradas y exiliadas regularmente enviamos a nuestras familias en Colombia alcanzan anualmente cerca de 4.000 millones de dólares anuales. Entre enero y septiembre de 2015, estas remesas totalizaron 3.403 millones de dólares, lo que equivale al 1,5% del Producto Interno Bruto y el 8% de los ingresos corrientes de la balanza de pagos (3). Nadie puede decir, pues, que la comunidad colombiana emigrada no realiza un aporte significativo al país. Pero, ¿tenemos el mismo derecho de decidir y participar políticamente en el rumbo del país?

En las negociaciones en La Habana para la finalización del conflicto armado en Colombia se logró visibilizar la importancia y relevancia de las víctimas para la superación del conflicto e igualmente se logró que una persona refugiada fuera escuchada por medio del Foro Internacional de Víctimas. Sin embargo algunas personas estamos convencidas de que tanto la definición del concepto de víctima como la definición e implementación de medidas para el ejercicio de justicia, reparación y memoria en los crímenes de lesa humanidad y en violaciones de los derechos humanos, como condición inevitable para la reconciliación, aún no satisfacen las expectativas de muchas personas y todavía son campos en disputa.

Si bien es cierto que nos alegramos profundamente de lo avanzado hasta ahora en el tema de reconocimiento y visibilización de las víctimas, también miramos con escepticismo los aires bonachones que auguran el advenimiento de la justicia y la democracia en Colombia tras la negociación con las FARC, en especial porque vemos inconsistencias en la Ley de Víctimas y porque aún no vemos que la participación de las personas emigradas o en condición de exilio esté vinculada con perspectivas de mejoramiento sustancial de sus condiciones de vida.

Por el contrario, vemos con preocupación los discursos diferenciadores entre una supuesta ‘migración económica’ y el ‘exilio político’. Esta diferencia se traza desde una perspectiva moral, que otorga a las personas en situación de exilio una cierta superioridad altruista que les determina como interlocutoras primarias en la construcción de país. A cambio de esto, la llamada ‘migración económica’ es vista como una opción no obligada, no victimizante y ausente de cualquier base política. De hecho, esta diferenciación genera nuevas exclusiones y jerarquías sociales y, muy al tono con lo que es la realidad de la migración en Europa, puede significar la negación de los derechos básicos de quienes la integran.

Igualmente, nos parece preocupante que en la búsqueda de la paz se dé por hecho que la gran preocupación de la comunidad emigrada y en situación de exilio sea el retorno. Reconociendo la importancia de que las personas retornadas deben hacerlo con garantías y derechos, desconfiamos de un discurso que apunta a la construcción de esas garantías, pero que desconoce la legitimidad del derecho a la vida digna de las personas emigradas, pues suponer que la única forma de acceder a derechos y garantías es el retorno es aceptar que sólo mediante el abandono de la condición migrante se puede aspirar a ser una persona de derecho y con derechos. Las experiencias que muestran la solución de los
conflictos en otros países y los  intercambios con personas migradas o refugiadas de todo tipo nos indican la necesidad de derechos tanto en las sociedades de recepción como en Colombia para una migración que será circular o, dicho de otra manera, con múltiples idas y venidas entre los territorios.


Porque no hemos llegado al paraíso

Llegar a Europa fue y sigue siendo para muchas personas una experiencia traumática y victimizante. Por una parte, nuestras familias y amistades en Colombia suponen que hemos arribado al paraíso y esperan que lo mas pronto posible empecemos a enviarles dinero. Por otra parte, la inclusión social y el respeto a nuestra identidad en tierras europeas están desde nuestro arribo amenazadas y quienes llegamos a Europa debemos someternos a estructuras sociales, políticas, económicas y culturales que, en gran parte, se han construido y se siguen construyendo sobre la criminalización y explotación del ser no europeo.

Los permisos de residencia y trabajo, los visados, la exigencia de asimilación cultural, las cárceles de deportación, el régimen laboral, los limitados derechos a la salud y la educación, como también el desconocimiento de nuestro saber y nuestra experiencia vital acumulada, nos recuerdan día a día que el paraíso europeo sólo ha sido posible por medio del colonialismo, de la exclusión y del sometimiento por medio de la fuerza del otro no europeo y de todas las tradiciones culturales no europeas.

Europa, es decir la tradición blanca, colonialista, capitalista y patriarcal, ha desarrollado hace años una política de represión, persecución y exclusión de las personas inmigradas en sus territorios. Las personas colombianas no estamos exentas de esta dinámica de violencia institucional del eurocentrismo y, aunque nuestro ego arribista y clasista del ser colonizado nos haga creer siempre que estamos en el ombligo del mundo, nuestro corazón de tierra y pueblo nos duele a gritos cada día, en medio de la discriminación y el racismo de las sociedades europeas.

Llamamiento

Ante esta situación, personas y organizaciones migrantes colombianas vemos en el llamamiento de las organizaciones sociales y políticas de Colombia para construir la Mesa Social para la Paz una oportunidad para reconstruir los tejidos sociales y culturales de la comunidad colombiana emigrada y en condición de exilio.

Igualmente, vemos en la Mesa Social para la Paz la posibilidad de redefinir la participación  de la población emigrada y en exilio en los procesos de negociación política para la definición de un nuevo modelo de país, como también la posibilidad de generar cambios significativos  en las relaciones sociales e institucionales que nos determinan en los países que habitamos como migrantes. Con esto queremos decir que, si bien la Mesa Social para la Paz es una posibilidad de construir país desde la migración y el exilio, como también en la migración y el exilio.

En el mes de noviembre de 2015 se realizó un primer encuentro de la Mesa Social para la Paz en Ginebra. La propuesta del segundo encuentro pretende dar continuidad a algunas de las reflexiones planteadas en este evento como la necesidad de regularizar encuentros en diferentes ciudades, de vincular la población inmigrada a procesos de reflexión a partir de los contextos locales. En esta ocasión queremos convocar a la población colombiana inmigrada y en situación de exilio en Suiza y en Europa a un encuentro para reflexionar acerca de la situación de las personas colombianas inmigradas, los mecanismos de participación e interlocución de esta población en los procesos de negociación para la democratización del país y, finalmente, para discutir la recientemente aprobada Ley de Víctimas y las repercusiones de ésta para la población emigrada y en situación de exilio.

Programa

Viernes 4 de marzo
19:00 – La participación de la sociedad civil en los procesos de negociación para la democratización del país y la perspectiva desde la migración y el exilio.
Charla pública con:
– Gina Suárez, Confluencia de Mujeres, Congreso de los Pueblos, Bogotá.
– Iván Forero, Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), Madrid.
– Diego Gómez, Congreso de los pueblos, Europa.

Sábado 5 de marzo
10:00 – ¿Qué es la ley de víctimas? Marcos jurídicos para el trabajo de justicia y reparación, Iván Forero.
11:30 – El trabajo de memoria en la negociación para la democratización del país, Felipe Polanía.
13:00 – Almuerzo.
14:30 – Trabajo en grupos:
– Situación de las personas inmigradas.
– Participación e interlocución, ¿para qué? Definición de intereses.
– Víctimas, definición, marcos jurídicos y contextos políticos.
17:00 – Pausa.
17:30 – Presentación del trabajo en grupos y discusión en plenaria.
19:00 – Película “El rastro de Camilo” de Diego Briceño Orduz (2015).
20:00 – Cena.
21:30 – Pachanga de la solidaridad.

Domingo 6 de marzo
11:00 – Brunch.
13:00 – Perspectivas, plan de acción y resoluciones finales.
16:00 – Cierre del evento.

Appel pour favoriser la participation de la société dans les dialogues de paix

Appel pour favoriser la participation de la société dans les dialogues de paix

Nous, membres de diverses organisations sociales et populaires, ecclésiales, religieuses et spirituelles, de défense de droits humains, ethniques, de femmes, syndicales et politiques, faisons appel à la construction d’une Table de négociations sociales pour la Paix afin de contribuer à apporter des solutions au conflit social, armé et politique. Nous invitons toutes celles et ceux qui s’intéressent à la construction de la paix et de la démocratie à donner vie à cette initiative. C’est dans ce but que nous partageons l’appel suivant:

Au Gouvernement national,
Aux organisations et réseaux de femmes,
Aux peuples autochtones, afro-descendants et paysans,
Aux organisations sociales du pays,
Aux habitant.e.s des villes,
Aux jeunes, aux sportifs ou aux artistes,
Aux organisations écologistes et aux défenseur.e.s des droits humains,
Aux organisations syndicales,
Au secteur académique et aux étudiant.e.s,
Aux Églises et aux communautés de foi,
Aux secteurs économiques,
Aux partis politiques,
Aux organisations insurgées,
Aux médias,
À la diaspora colombienne et aux exilé.e.s,
À la Colombie toute entière et aux peuples solidaires du monde.

La possibilité et la nécessité d’approfondir la démocratie en Colombie est à l’ordre du jour. Pour ce faire, il faut une reforme politique d’ampleur qui devra inclure le respect effectif des droits sociaux et économiques de la population, la fin des iniquités sociales et la mise en œuvre de transformations institutionnelles et culturelles qui brisent le cycle de la violence et de l’intolérance politique que nous vivons. Ces changements ne pourront se matérialiser que par la participation directe, inaliénable et décisionnelle de la société et l’engagement d’acteur.trice.s important.e.s du pays.

Nous sommes à un tournant qui pourrait permettre de résoudre certains des conflits que vit le pays. En ce moment le gouvernement et l’insurrection dialoguent pour mettre fin au conflit armé, dialogue dont le succès est intimement lié à la mise en oeuvre de transformations structurelles. Cependant, la principale faiblesse de ce processus de dialogue est justement le manque de participation de la société. Nous avons tous et toutes senti.e.s ce manque et reconnu.e.s que la participation citoyenne sera déterminante. Elle seule peut donner l’impulsion qui sera nécessaire au processus avec les FARC à la Havane, qui rendra possible les dialogues avec l’ELN et qui pourra mobiliser les acteurs sociaux en mesure d’accomplir les transformations sociales qui mèneront à une paix basée sur la justice sociale.

La participation de la société : une condition nécessaire à la construction de la paix

Les dialogues entre le gouvernement et les FARC se trouvent dans une phase décisive au cours de laquelle des enjeux cruciaux devront être discutés, entre autre comment aborder les “réserves” que cette organisation maintient sur les dialogues et les points d’accord en suspens. Il nous semble évident que la participation de la société est primordiale en ce moment, elle a déjà joué un rôle important dans le passé afin de débloquer les négociations. Ceci a été démontré par la participation directe des victimes, qui a permis de trouver des alternatives en matière de justice, de vérité, de réparation et de non répétition, comme l’ont reconnu les FARC et le gouvernement. Afin de combler le manque de participation, plusieurs acteurs politiques – pas seulement les FARC – signalent la nécessité qu’une Assemblée constituante se penche sur ces enjeux et entérine les accords.

Par ailleurs, l’approche de l’installation d’une table de négociation entre le gouvernement national et l’ELN exige un nouvel élan pour la participation sociale et citoyenne. Cette organisation insurgée a insisté sur le fait que la participation de la société comme un sujet actif est un élément facilitateur dans leurs négociations avec le gouvernement. C’est la société dans toute sa diversité et pluralité qui doit, par le dialogue et la négociation, permettre de résoudre les contradictions sociales et politiques qui génèrent le conflit armé. L’information transmise par les médias et les déclarations directes des parties impliqués, permettent d’affirmer que le gouvernement et l’ELN accueillent favorablement la participation décisionnelle de la société dans ces dialogues de paix.

Table de négociations sociales pour la paix

Les organisations sociales, populaires, ecclésiales, religieuses, spirituelles, organisations de défense des droits humains, ethniques, de femmes, syndicales et politiques signataires, considérons que notre responsabilité face à la fin du conflit armé et de la construction de la paix nous oblige à répondre à cette demande explicite du processus de paix et à remplir notre devoir historique envers un nouveau pacte démocratique en Colombie. C’est pour cela que nous mettons nos organisations et notre volonté politique au service de la construction d’un espace capable de contribuer à la fin du conflit social, armé et politique.

C’est dans ce but que nous considérons qu’il est temps de formaliser un espace de dialogues et de négociations nationales pour la paix et la démocratie, que nous nommons Table de négociations sociales pour la paix. Il s’agit d’un espace dans lequel nous nous retrouverons face à face entre mouvement social et populaire et pouvoir institutionnel et économique, afin de débattre des problèmes que vit le pays, trouver des solutions efficaces aux conflits sociopolitiques à l’origine du conflit armé et s’accorder sur les bases d’une société démocratique juste et en paix.

Nous considérons que la Table de négociations sociales pour la paix et les tables de négociations entre les groupes insurgés armés et le gouvernement sont complémentaires, puisque la trame de fond du conflit armé est sociale, politique et économique. Cependant, elles ne dépendent pas l’une de l’autre car, bien que les accords de la Table de négociation pour la paix aient une incidence positive sur la finalisation de la guerre, ces accords ne peuvent dépendre du résultat des négociations entre gouvernement et insurrection armée.

Cette complémentarité permet d’aborder et de résoudre en toute légitimité, autour d’un consensus social, les problématiques qui ne sont pas abordées dans les négociations entre le gouvernement et les FARC et pourra devenir un espace décisionnel de la société dans la perspective énoncée par l’ELN et le gouvernement. Ce seront toutefois les insurrections et le gouvernement qui détermineront la portée des accords sociaux sur leurs négociations. La table de négociations sociales pour la paix devra interpeler en permanence le gouvernement et les groupes insurgés afin de concrétiser des mécanismes spécifiques de complémentarité.

Nous souhaitons mettre en place une négociation autonome et transformatrice entre le mouvement social, le secteur des entreprises, le milieu académique, les communautés de foi, les partis politiques et le gouvernement, afin de construire la paix et de mettre en œuvre des transformations profondes. La portée, la composition et l’agenda de la Table de négociations sociales pour la paix devra être définie par l’ensemble des secteurs qui répondront à cet appel. Le secteur populaire a construit historiquement un agenda des transformations nécessaires à une transition vers la paix et nous pensons qu’il est fondamental d’en faire l’agenda de base des négociations, puisqu’il touche aux causes même du conflit social et politique.

À cette table de négociations sociales pour la paix, nous convoquons le gouvernement national, les entrepreneurs colombiens et transnationaux, les forces militaires, les militaires à la retraite, les médias de communication commerciaux, les partis politiques, les gouvernements régionaux, ainsi que le milieu académique, ecclésial et les communautés de foi. Les groupes insurgés devront avoir leur place au sein de cet espace de construction de paix, tout comme les gouvernements étrangers qui ont eut une influence importante sur le conflit armé et peuvent avoir un rôle clef dans la construction de la paix; ces derniers pourront tenir un rôle de facilitateurs, vérificateurs et garants du processus.

Il est, selon nous, possible de faire converger ces agendas, ces intérêts et élaborer des consensus et des accords politiques solides et durables au sein de la société colombienne pour une nouvelle démocratie. Ceux-ci devraient s’exprimer dans des accords politiques pour la transition, des propositions et des consensus touchant les politiques publiques qui puissent s’appliquer au processus de paix et à la transition démocratique. Les accords, pactes et consensus obtenus à la table de négociations pour la paix pourront s’inscrire dans l’esprit et le format d’un espace pré-constituant, sans empêcher l’existence de pactes et d’accords qui puissent être mis en œuvre immédiatement.

Afin de constituer cet espace de dialogue et de négociation, nous, les signataires de cet accords, nous nous engageons à intensifier le Grand Dialogue National avec le spectre le plus ample d’acteurs sociaux et politiques du pays, incluant le gouvernement national et les groupes insurgés afin de trouver le chemin de la paix avec justice sociale et équité, vers une nouvelle nation. Une commission d’impulsion de ce dialogue ouvre ses portes à tous les acteur.trice.s intéressé.e.s à la construction de la paix et de la démocratie.

Organisations initiatrices:

Congreso de los Pueblos.
Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).
Proceso de Comunidades Negras (PCN).
Central Unitaria de los Trabajadores (CUT).
Coordinación de Movimientos Sociales de Colombia (Comosoc).
Unión Sindical Obrera de la Industria Petrolera (USO).
Movimiento de Mujeres por la Paz.
Movimiento Social de Discapacidad de Colombia (Mosodic).
Federación Unitaria de Trabajadores Mineros, Energéticos, Metalúrgicos, Químicos y de Industrias Similares de Colombia (Funtraenergética).
Asociación de Cabildos Indígenas del Norte de Cauca (ACIN).
Coordinador Nacional Agrario (CNA).
Movimiento Campesino de Cajibío.
Casa de la Mujer.
Sindicato de Trabajadores y Epleados Universitarios de Colombia (Sintraunicol) seccional Valle.
Mesa Ecuménica.
Comisión de Justicia, Paz e Integridad de la Creación de los Misioneros Claretianos.
Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle (Sutev).
Red de Universidades por la Paz (Red Unipaz).
Movimiento Político de Masas del Centro Oriente Colombiano.
Red de Lucha contra el Hambre y la Pobreza.
Proceso Nacional de Identidad Estudiantil.
Minga Juvenil Nacional.
Tejido Juvenil Transformando a la Sociedad (Tejuntas).
Confluencia de Mujeres para la Acción Pública.
Sindicato Único Nacional de Mototrabajadores (Sumcol).
Corporación Claretiana Nórman Pérez Bello.
Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA).
Comité de Integración Social del Catatumbo (CISCA).
Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar.
Movimiento Político Poder y Unidad Popular (PUP).
Asociación Minga.
Instituto Nacional Sindical (INS).
Observatorio de Movimientos Sociales Suroccidente (Omsapt).
Censat Agua Viva.
Colectiva Antonieta Mercury.
Colectivo Profes Nuevos 1278.
Colectivo de la Salud Epitelio.
Corporación Ensayos.
Rocaso Estudiantil.
Zona Pública.
Instituto de Investigación Acción en Procesos Educativos y Sociales “Orlando Fals Borda (Iapes – OFB).

Aufruf zur Stärkung der gesellschaftlichen Beteiligung an den Friedensgessprächen für Kolumbien

Aufruf zur Stärkung der gesellschaftlichen Beteiligung an den Friedensgessprächen für Kolumbien

Wir, verschiedene soziale, politische, kirchliche und Menschenrechtsorganisationen sowie Gewerkschaften, rufen zum Aufbau eines Sozialen Verhandlungstisches für den Frieden auf, um damit zur Lösung des sozialen, politischen und bewaffneten Konfliktes beizutragen. Wir laden alle Interessierten am Aufbau des Friedens und der Demokratie dazu ein, diese Initiative mitzugestalten. Wir bringen dazu unsere Ideen im folgenden Aufruf zum Ausdruck:

An die Regierung,
an die Organisationen und Verbände von Frauen,
an die Indigenen,
an die sozialen Organisationen des Landes,
an die Menschen in den Städten,
an die Jugendlichen, Sportler und Künstler,
an die Umwelt- und Menschenrechtsorganisationen,
an die Gewerkschaften,
an die Universitäten und Studenten,
an die Kirchen und die Glaubensgemeinschaften,
an die Wirtschaftsgremien,
an die politischen Parteien,
an die Guerillaorganisationen,
an die Medien,
an die Kolumbianer in der Diaspora und im Exil,
an ganz Kolumbien und an die solidarischen Menschen in der Welt,

Die Notwendigkeit und die Möglichkeit, dass Kolumbien die Demokratie vertieft, sind das Gebot der Stunde. Um dies zu realisieren, benötigt das Land eine umfassende politische Reform, deren wesentliche Komponenten die Umsetzung der sozialen und wirtschaftlichen Rechte der Bevölkerung, die Überwindung sozialer Ungleichheit und institutionelle wie kulturelle Veränderungen sind, die den langen Zyklus der Gewalt und der politischen Intoleranz brechen. Diese Anforderungen können nur mit der direkten, verbindlichen und mitbestimmenden Beteiligung der Gesellschaft und der Verbindlichkeit der zentralen Akteure des Landes umgesetzt werden.

Dadurch, dass die Regierung und die Aufständischen Gespräche führen, um den bewaffneten Konflikt zu beenden, befinden wir uns in einem entscheidenden Moment der Lösung einiger der Konflikte im Land.

Deren Erfolg hängt in hohem Maße von der Umsetzung struktureller Veränderungen ab. Genau in diesem Prozess bestätigt sich aber, dass seine größte Schwäche die geringe Beteiligung der Gesellschaft ist. Wir haben alle unter diesem Mangel gelitten und erkannt, dass die Bürgerbeteiligung von entscheidender Bedeutung ist, um dem Prozess mit den Farc in Havanna die erforderlichen Impulse zu geben, um öffentliche Dialoge zu ermöglichen, wie sie mit der ELN näher rücken, und um die sozialen Akteure zu stärken, die die Transformationen hin zum Frieden mit sozialer Gerechtigkeit anführen.

Die Beteiligung der Gesellschaft ist erforderlich für den Aufbau des Friedens
Die Gespräche der Regierung und der Farc befinden sich in einer entscheidenden Phase, in der die Kernfragen diskutiert werden sollten: unter anderem die Frage nach sogenannten Schutzmaßnahmen und die noch offenen Punkte der Vereinbarung. Für uns steht fest, dass für einen Fortschritt in diesem Prozess die Beteiligung der Gesellschaft notwendig ist. Diese hat sich bereits als ein wirksames Element erwiesen, um Blockaden bei den Verhandlungen aufzuheben. Dies zeigte sich beim Thema der Opferrechte, wo die direkte Beteiligung entscheidend war für die Entwicklung von Alternativen bei der Gerechtigkeit, Wahrheit, Wiedergutmachung und Nichtwiederholung, wie es vonseiten der Farc und der Regierung auch anerkannt wird. Um diesem Bedarf der Teilnahme gerecht zu werden, haben verschiedene politische Akteure – nicht nur die Farc – auf die Notwendigkeit einer verfassunggebenden Versammlung hingewiesen, die diese Probleme anzugehen und die Vereinbarungen umzusetzen vermag.

Andererseits erfordern die näher rückenden Verhandlungen zwischen der Regierung und der ELN einen neuen Impuls für die soziale und die Bürgerbeteiligung. Diese Organisation hat stets darauf bestanden, dass die Einbindung der Gesellschaft als aktives Subjekt in dem Friedensprozess eine vermittelnde Komponente der direkten Gespräche mit der Regierung ist; denn es ist die Gesellschaft  – in ihrer Vielfalt und Pluralität –, die ebenfalls mittels Dialog und Verhandlung einen Großteil der sozialen und politischen Widersprüche, die zum bewaffneten Konflikt geführt haben, überwinden muss.  Medieninformationen und die Aussagen der direkt Beteiligten lassen darauf schließen, dass die Regierung und die ELN die entscheidende Beteiligung der Gesellschaft in diesen Friedensgesprächen vereinbart haben.

Sozialer Verhandlungstisch für den Frieden

Wir, die unterzeichnenden sozialen, politischen und kirchlichen Organisationen sowie Menschenrechtsorganisationen und Gewerkschaften, verstehen, dass unsere Verantwortung für die Überwindung des bewaffneten Konfliktes und für den Aufbau des Friedens uns dazu verpflichtet, dieser expliziten Forderung im Friedensprozess und der historischen Forderung nach einem neuen demokratischen Pakt für Kolumbien nachzukommen. Deswegen bieten wir unsere Organisationen und unseren politischen Willen dafür an, ein Szenario zu schaffen, das entscheidend zur Beendigung des sozialen, politischen und bewaffneten Konfliktes beiträgt.

Wir glauben, dass jetzt der Moment gekommen ist, um einen Raum des Dialoges und der Verhandlungen für Frieden und Demokratie landesweit zu formalisieren, den wir Sozialen Verhandlungstisch für den Frieden nennen. Dabei geht es um ein Szenario des Austauschs von Angesicht zu Angesicht zwischen der sozialen Volksbewegung und den institutionellen und wirtschaftlichen Kräften, um die Probleme des Landes zu diskutieren, effektive Auswege aus den soziopolitischen Konflikten zu vereinbaren, die den bewaffneten Konflikt bedingen, und um die Grundlagen für eine demokratische, gerechte und friedliche Gesellschaft zu vereinbaren.

Wir sind der Auffassung, dass der Soziale Verhandlungstisch für den Frieden und die Verhandlungsrunden zwischen bewaffneten Aufständischen und Regierung sich ergänzen, denn der Hintergrund des bewaffneten Konfliktes ist sozial, politisch und wirtschaftlich. Allerdings sind sie nicht voneinander abhängig. Auch wenn die Vereinbarungen des Sozialtisches für den Frieden eindeutig das Ende des Krieges zum Ziel haben, können sie nicht von den Ergebnissen der Gespräche zwischen Staat und bewaffneten Aufständischen abhängen.

Dieser Vorschlag wird so zu einem ergänzenden Raum der Gespräche mit den Aufständischen, indem er mit Legitimität und sozialem Konsens Probleme zu lösen vermag, die zwischen Regierung und Farc nicht gelöst werden. Auch ist er eine der Möglichkeiten der mitbestimmenden Beteiligung der Gesellschaft in der Perspektive, die ELN und Regierung vereinbart haben. Aber es werden Regierung und Aufständische sein, die die konkrete Tragweite der Vereinbarungen des Sozialtisches für ihre eigenen Verhandlungen bestimmen; der Soziale Verhandlungstisch für den Frieden sollte einen permanenten Austausch mit den Aufständischen und der Regierung aufnehmen, um diese spezifischen Formen der Ergänzung in Einklang zu bringen.

Auf diese Weise ist zu erwarten, dass sich eine autonome und zu Transformationen führende Verhandlung zwischen der sozialen Bewegung, der Wirtschaft, der Wissenschaft, Glaubensgemeinschaften, politischen Parteien und der Regierung mit der Perspektive auf Frieden und Fortschritt und auf große Veränderungen entwickelt.

Den Umfang, die Zusammensetzung und die Tagesordnung des Sozialtisches für den Frieden müssen wir unter allen Sektoren vereinbaren, die diesem Anruf folgen. Von unten her haben wir eine eigene historische Agenda über die notwendigen Veränderungen für einen Friedensprozess erstellt. Und wir denken, es ist von grundlegender Bedeutung, dass sie die Grundlage für die Verhandlungen ist, da diese Fragen Teil der sozialen und politischen Konflikte sind.

Zur Teilnahme an diesem Sozialen Verhandlungstisch für den Frieden rufen wir die Regierung auf, die kolumbianischen und transnationalen Unternehmer, das Militär und pensionierte Militärs, die kommerziellen Medien, die politischen Parteien, die Landesregierungen sowie die Wissenschaft und die Kirchen. Die Aufständischen sollen einen Platz in diesem Raum der Partizipation und des Friedensaufbaus haben, ebenso ausländische Regierungen, die Einfluss auf den bewaffneten Konflikt haben oder eine Schlüsselrolle im Friedensprozess haben könnten. Letztere könnten die Rolle von Vermittlern, Prüfern und Garanten des Prozesses erfüllen.

Wir halten die Zusammenführung dieser Absichten und Interessen für möglich und dass davon ausgehend Konsens und dauerhafte, verlässliche politische Absprachen im Schoß der kolumbianischen Gesellschaft für eine neue Demokratie geschaffen werden. Diese sollten sich in politischen Vereinbarungen für den Übergang niederschlagen, in Vorschlägen oder Einigungen über die staatliche Politik, die sowohl in den Prozess der Friedensgespräche selbst sowie im demokratischen Übergang angewendet werden können. Die Vereinbarungen, Abkommen und Einigungen des Sozialen Verhandlungstisches für den Frieden können den Geist und das Format eines formgebenden Raums für die Verfassungsgebung annehmen, ohne den Vereinbarungen und Einigungen über direkt umsetzbare Maßnahmen entgegenzustehen.

Um diesen Raum des Dialogs und der Verhandlungen für den Frieden zu schaffen, werden wir Unterzeichner dieses Aufrufs einen gemeinsamen landesweiten Dialog mit dem breitesten Spektrum sozialer und politischer Akteure des Landes intensivieren, einschließlich der Regierung und der Aufständischen, um diesen Weg in Richtung Frieden mit sozialer Gerechtigkeit und Gleichheit als Ankündigungen einer neuen Nation zu ebnen. Die Initiativkommission dieses Dialogs hat ihre Türen für alle geöffnet, die am Aufbau des Friedens und der Demokratie interessiert sind.

Erstunterzeichner:

Congreso de los Pueblos.
Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).
Proceso de Comunidades Negras (PCN).
Central Unitaria de los Trabajadores (CUT).
Coordinación de Movimientos Sociales de Colombia (Comosoc).
Unión Sindical Obrera de la Industria Petrolera (USO).
Movimiento de Mujeres por la Paz.
Movimiento Social de Discapacidad de Colombia (Mosodic).
Federación Unitaria de Trabajadores Mineros, Energéticos, Metalúrgicos, Químicos y de Industrias Similares de Colombia (Funtraenergética).
Asociación de Cabildos Indígenas del Norte de Cauca (ACIN).
Coordinador Nacional Agrario (CNA).
Movimiento Campesino de Cajibío.
Casa de la Mujer.
Sindicato de Trabajadores y Epleados Universitarios de Colombia (Sintraunicol) seccional Valle.
Mesa Ecuménica.
Comisión de Justicia, Paz e Integridad de la Creación de los Misioneros Claretianos.
Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle (Sutev).
Red de Universidades por la Paz (Red Unipaz).
Movimiento Político de Masas del Centro Oriente Colombiano.
Red de Lucha contra el Hambre y la Pobreza.
Proceso Nacional de Identidad Estudiantil.
Minga Juvenil Nacional.
Tejido Juvenil Transformando a la Sociedad (Tejuntas).
Confluencia de Mujeres para la Acción Pública.
Sindicato Único Nacional de Mototrabajadores (Sumcol).
Corporación Claretiana Nórman Pérez Bello.
Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA).
Comité de Integración Social del Catatumbo (CISCA).
Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar.
Movimiento Político Poder y Unidad Popular (PUP).
Asociación Minga.
Instituto Nacional Sindical (INS).
Observatorio de Movimientos Sociales Suroccidente (Omsapt).
Censat Agua Viva.
Colectiva Antonieta Mercury.
Colectivo Profes Nuevos 1278.
Colectivo de la Salud Epitelio.
Corporación Ensayos.
Rocaso Estudiantil.
Zona Pública.
Instituto de Investigación Acción en Procesos Educativos y Sociales “Orlando Fals Borda (Iapes – OFB).