Llamamiento a fortalecer la participación de la sociedad en los diálogos de paz

DestacadoLlamamiento a fortalecer la participación de la sociedad en los diálogos de paz

Diversas organizaciones sociales y populares, eclesiales, religiones y espiritualidades, de defensores de derechos humanos, étnicas, de mujeres, sindicales y políticas convocamos a construir una Mesa Social para la Paz que contribuya a la solución del conflicto social, político y armado. Invitamos a todos quienes estén interesados en la construcción de la paz y la democracia a dar forma a esta iniciativa. Para ello compartimos las ideas que se expresan en el siguiente llamamiento:

Al Gobierno Nacional.
A las organizaciones y articulaciones de mujeres.
A los pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos.
A las organizaciones sociales del país.
A las pobladoras y pobladores urbanos.
A los jóvenes, deportistas y artistas.
A las organizaciones ambientales y defensoras de derechos humanos.
A las organizaciones sindicales.
A la academia y los estudiantes.
A las iglesias y a las comunidades basadas en la fe.
A los gremios económicos.
A los partidos políticos.
A las organizaciones insurgentes.
A los medios de comunicación.
A la diáspora colombiana y los exiliados.
A Colombia entera y a los pueblos solidarios del mundo.

La necesidad y posibilidad de que Colombia profundice la democracia están a la orden del día. Para que ello se haga realidad, el país requiere una amplia reforma política cuyos componentes esenciales son la realización de los derechos sociales y económicos de la población, la superación de la inequidad social y la adopción de transformaciones institucionales y culturales que rompan el largo ciclo de la violencia y la intolerancia políticas que hemos vivido. Esos imperativos solo podrán materializarse con la participación directa, vinculante y decisoria de la sociedad y el compromiso de los actores claves del país.

Nos encontramos en un momento clave para resolver algunos de los conflictos del país, en tanto se desarrollan diálogos entre el gobierno y las insurgencias para terminar el conflicto armado, cuyo éxito depende en gran medida de la realización de  transformaciones estructurales. Pero, justo en este proceso se corrobora que su principal debilidad es la escasa participación de la sociedad. Todos hemos resentido esta carencia y reconocido que la participación ciudadana es determinante para darle el impulso que requiere el proceso con las FARC en La Habana, posibilitar los diálogos públicos que se avecinan con el ELN y potenciar los agentes sociales que lideren transformaciones hacia una paz con justicia social.


Participación de la sociedad: condición necesaria para avanzar en la construcción de Paz

Los diálogos entre el gobierno y las FARC se encuentran en una fase decisiva, en la cual deberán discutirse cruciales temas, entre otros, resolver cómo se abordarán las llamadas ‘salvaguardas’ que esa organización mantiene sobre la mesa de diálogo y los puntos ‘pendientes’ de acuerdo. Nos parece evidente que para dar un salto en este proceso particular se requiere la participación de la sociedad, que ha mostrado ser un elemento eficaz para destrabar momentos de la negociación. Esto se evidenció en el tratamiento de los derechos de las víctimas, donde su participación directa ha sido determinante para encontrar alternativas de justicia, verdad, reparación y no repetición, tal como lo reconocen las FARC y el Gobierno Nacional. Para subsanar esa necesidad de participación, varios actores políticos –no sólo las FARC– han señalado la necesidad de hacer realidad una Asamblea Constituyente que aborde esas temáticas y refrende los acuerdos.

Por otra parte, la proximidad de la instalación de una Mesa de Diálogo entre el Gobierno Nacional y el ELN exige un nuevo impulso a la participación social y ciudadana. Esta organización insurgente ha insistido en que la vinculación de la sociedad como sujeto activo en el proceso es un componente facilitador de sus diálogos directos con el gobierno, como quiera que es la sociedad –en su diversidad y pluralidad- la que debe superar, también mediante el diálogo y la negociación, buena parte de las contradicciones sociales y políticas que han dado lugar al conflicto armado. La información de los medios de comunicación y las declaraciones de los directos implicados permite considerar que el Gobierno Nacional y el ELN han acordado darle cabida a la participación decisoria de la sociedad en esos diálogos de paz.


Mesa Social para la Paz

Las organizaciones sociales y populares, eclesiales, religiones y espiritualidades, de derechos humanos, étnicas, de mujeres, sindicales y políticas abajo firmantes entendemos que nuestra responsabilidad con la superación del conflicto armado y la construcción de la paz nos obliga a atender esta demanda explícita del proceso de paz y la demanda histórica por un nuevo pacto democrático para Colombia. Por ello, ofrecemos nuestras organizaciones y nuestra voluntad política para constituir un escenario que aporte decididamente a la terminación del conflicto social, político y armado.

En la búsqueda de este propósito, consideramos que es el momento de formalizar un espacio de diálogo y negociación nacional por la paz y la democracia que hemos llamado Mesa Social para la Paz. Se trata un escenario donde nos encontremos cara a cara el movimiento social popular y los poderes institucionales y económicos para debatir sobre los problemas que aquejan al país, acordar salidas eficaces a los conflictos sociopolíticos que determinan el conflicto armado y pactar las bases para una sociedad democrática, justa y en paz.

Consideramos que la Mesa Social para la Paz y las mesas de negociación entre la insurgencia armada y el gobierno son complementarias, pues el trasfondo del conflicto armado es social, político y económico. Sin embargo, no son mutuamente dependientes: aunque los acuerdos de la Mesa Social para la Paz obviamente inciden en favor de la terminación de la guerra, en cambio, éstos no pueden depender de los resultados de las mesas entre el gobierno y la insurgencia armada.

Esta propuesta se convierte en un espacio complementario de los diálogos con la insurgencia, en la medida que puede abordar y resolver con legitimidad y consenso social problemáticas que no sean abordadas en la mesa entre el Gobierno Nacional y las FARC, así como ser uno de los escenarios de participación decisoria de la sociedad en la perspectiva que han venido acordando el ELN y el Gobierno Nacional. Sin embargo, serán el gobierno y las insurgencias quienes determinen el alcance práctico que tendrán los acuerdos sociales sobre sus propias negociaciones. La Mesa Social para la Paz deberá tener una permanente interpelación con las insurgencias y el gobierno para concertar esas formas específicas de complementariedad.

Es así como se espera que se desarrolle una negociación autónoma y transformadora entre el movimiento social, el empresariado, la academia, las comunidades basadas en la fe, los partidos políticos y el Gobierno Nacional en perspectiva de construir la paz y avanzar en grandes transformaciones.

El alcance, la composición y la agenda de la Mesa Social para la Paz debemos acordarlos entre todos los sectores que aceptemos este llamado. Desde el campo popular hemos venido construyendo una agenda histórica propia sobre las transformaciones necesarias para la transición hacia la paz y pensamos que es fundamental que sea la base de la negociación, en tanto son asuntos que hacen parte del conflicto social y político.

A esta Mesa Social para la Paz llamamos al Gobierno Nacional, al empresariado colombiano y transnacional, a las Fuerzas Militares, a los militares en retiro, a los medios comerciales de comunicación, a los partidos políticos, a los gobiernos regionales, así como a la academia y a las iglesias y comunidades basadas en la fe. Las insurgencias deberán tener un lugar en este espacio de participación y construcción de paz, así como los gobiernos extranjeros que han tenido elevada incidencia en el conflicto armado o que pueden tener un papel clave en la construcción de la paz, estos últimos podrían cumplir el papel de facilitadores, veedores y garantes del proceso.

Consideramos viable hacer confluir estas agendas e intereses, y, a partir de ellas, construir consensos y acuerdos políticos firmes y duraderos en el seno de la sociedad colombiana para una nueva democracia. Éstos deberían expresarse en acuerdos políticos para la transición, propuestas o consensos sobre políticas públicas que puedan implementarse tanto en el proceso mismo de diálogos de paz, como en la transición democrática. Los acuerdos, pactos y consensos que logremos en la Mesa Social para la Paz pueden adoptar el espíritu y el formato de un espacio preconstituyente, sin desmedro de los pactos y acuerdos que se puedan implementar de forma inmediata.

Para constituir este espacio de diálogo y negociación para la paz, quienes subscribimos este llamado nos disponemos a intensificar un Gran Diálogo Nacional con el más amplio espectro de actores sociales y políticos del país, incluido el gobierno nacional y las insurgencias, para ir allanando ese camino de paz con justicia social y equidad como anuncios de una nueva nación. Una Comisión de Impulso de este diálogo tiene las puertas abiertas a todos los actores interesados en la construcción de la paz y la democracia.


Convocantes iniciales:

Congreso de los Pueblos.
Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).
Proceso de Comunidades Negras (PCN).
Central Unitaria de los Trabajadores (CUT).
Coordinación de Movimientos Sociales de Colombia (Comosoc).
Unión Sindical Obrera de la Industria Petrolera (USO).
Movimiento de Mujeres por la Paz.
Movimiento Social de Discapacidad de Colombia (Mosodic).
Federación Unitaria de Trabajadores Mineros, Energéticos, Metalúrgicos, Químicos y de Industrias Similares de Colombia (Funtraenergética).
Asociación de Cabildos Indígenas del Norte de Cauca (ACIN).
Coordinador Nacional Agrario (CNA).
Movimiento Campesino de Cajibío.
Casa de la Mujer.
Sindicato de Trabajadores y Epleados Universitarios de Colombia (Sintraunicol) seccional Valle.
Mesa Ecuménica.
Comisión de Justicia, Paz e Integridad de la Creación de los Misioneros Claretianos.
Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle (Sutev).
Red de Universidades por la Paz (Red Unipaz).
Movimiento Político de Masas del Centro Oriente Colombiano.
Red de Lucha contra el Hambre y la Pobreza.
Proceso Nacional de Identidad Estudiantil.
Minga Juvenil Nacional.
Tejido Juvenil Transformando a la Sociedad (Tejuntas).
Confluencia de Mujeres para la Acción Pública.
Sindicato Único Nacional de Mototrabajadores (Sumcol).
Corporación Claretiana Nórman Pérez Bello.
Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA).
Comité de Integración Social del Catatumbo (CISCA).
Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar.
Movimiento Político Poder y Unidad Popular (PUP).
Asociación Minga.
Instituto Nacional Sindical (INS).
Observatorio de Movimientos Sociales Suroccidente (Omsapt).
Censat Agua Viva.
Colectiva Antonieta Mercury.
Colectivo Profes Nuevos 1278.
Colectivo de la Salud Epitelio.
Corporación Ensayos.
Rocaso Estudiantil.
Zona Pública.
Instituto de Investigación Acción en Procesos Educativos y Sociales “Orlando Fals Borda (Iapes – OFB).

Instamos a instalación de la fase pública de la negociación con el ELN y exigimos participación de la sociedad en la construcción de la paz

Instamos a instalación de la fase pública de la negociación con el ELN y exigimos participación de la sociedad en la construcción de la paz

La Mesa Social para la Paz es una iniciativa de distintas organizaciones sociales que han venido insistiendo en la importancia de la participación de la sociedad en el actual proceso de paz.

En este sentido, estas organizaciones han convocado al Gobierno Nacional, a los empresarios y a todos los sectores de la sociedad a un gran diálogo nacional para solucionar, entre todos, las causas estructurales del conflicto social, político y armado que vive el país.

En ese papel y valorando la importancia de un proceso de paz con presencia activa de la sociedad y propositivo entre el Gobierno Nacional y la guerrilla del ELN, nos sumamos en pleno al llamado ciudadano para que se desarrolle “una reunión urgente entre las delegaciones de ambas partes para definir el inicio de la mesa formal de conversaciones”. El país espera la noticia.

Éste es el momento que más comprensión y voluntad requiere en el proceso entre el Gobierno Nacional y el ELN para que aquél despunte a la sociedad. Por ello, y sabiendo que la paz es un derecho de todos los colombianos, le pedimos a las partes persistir y que la presión no sea el mecanismo de relacionamiento en este momento.

Reiteramos que la participación social en los procesos y definiciones de la paz debe ser de fundamental importancia y que se requieren espacios que permitan el diálogo y negociación nacional por la paz y la democracia, en perspectiva de construir la paz y avanzar en las grandes transformaciones que requiere el país para una paz justa y duradera. Esto busca ayudar a impulsar decisiones nacionales favorables a superar problemas como la exclusión, la pobreza y la injusticia que históricamente han alimentado la guerra y que no deben seguir traduciéndose en política pública del gobierno, como ha sucedido con preocupantes decisiones como la reciente venta de Isagen y la Ley de Zidres, entre otras políticas que perjudican la posibilidad de una paz sostenible y duradera.

Comité de Impulso de la Mesa Social para la Paz

Suscriben:
Congreso de los Pueblos.
Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).
Proceso de Comunidades Negras (PCN).
Central Unitaria de los Trabajadores (CUT).
Coordinación de Movimientos Sociales de Colombia (Comosoc).
Movimiento Social Discapacidad Colombia (Mosodic).
Federación Unitaria de Trabajadores Mineros, Energéticos, Metalúrgicos, Químicos y de Industrias Similares de Colombia (Funtraenergética).
Senador Alberto Castilla, Polo Democrático Alternativo.
Asociación de Cabildos Indígenas del Norte de Cauca (ACIN).
Coordinador Nacional Agrario (CNA).
Movimiento Campesino de Cajibío.
Casa de la Mujer.
Sindicato de Trabajadores y Epleados Universitarios de Colombia (Sintraunicol) seccional Valle.
Mesa Ecuménica.
Iglesia Presbiteriana de Colombia.
Comisión de Justicia, Paz e Integridad de la Creación de los Misioneros Claretianos.
Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle (Sutev).
Red de Universidades por la Paz (Red Unipaz).
Movimiento Político de Masas del Centro Oriente Colombiano.
Red de Lucha contra el Hambre y la Pobreza.
Proceso Nacional de Identidad Estudiantil.
Minga Juvenil Nacional.
Tejido Juvenil Nacional Transformando a la Sociedad (Tejuntas).
Confluencia de Mujeres para la Acción Pública.
Sindicato Único Nacional de Mototrabajadores (Sunmcol).
Corporación Claretiana Nórman Pérez Bello.
Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA).
Comité de Integración Social del Catatumbo (CISCA).                                                Fuerza Común.
Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar.
Movimiento Político Poder y Unidad Popular (PUP).
Asociación Minga.
Instituto Nacional Sindical (INS).
Observatorio de Movimientos Sociales Suroccidente (Omsapt).
Censat Agua Viva.
Colectiva Antonieta Mercury.
Colectivo Profes Nuevos 1278.
Colectivo de la Salud Epitelio.
Corporación Ensayos.
Rocaso Estudiantil.
Zona Pública.
Instituto de Investigación Acción en Procesos Educativos y Sociales “Orlando Fals Borda (Iapes – OFB).
Observatorio de movimientos sociales del Suroccidente.

Es necesario confluir hacia una agenda común de país

Es necesario confluir hacia una agenda común de país

Más de 150 delegados de diferentes organizaciones sociales y populares acordaron el martes 2 de febrero preparar un paro cívico nacional ante la crítica situación social que vive el país y las políticas del gobierno. El encuentro, auspiciado por el movimiento sindical, planteó también la realización de un encuentro nacional de unidad popular que permita juntar las exigencias de los diferentes sectores sociales del país en un pliego y una agenda común.

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Jornadas para la construcción de país desde y para la migración y el exilio

Jornadas para la construcción de país desde y para la migración y el exilio

Colombia es una sociedad feliz. Así parece ser, según estudios globales sobre felicidad y economía que han recibido eco en los medios de comunicación en Colombia. Sin embargo, si tenemos en cuenta la situación social y económica del país, este tipo de felicidades deberían asustarnos. La disposición de extensos territorios en Colombia para expoliación minera, el pírrico aumento del salario mínimo y la siempre más amplia brecha entre las personas ricas y las pobres deberían tener sumido al país en serias preocupaciones sobre su futuro.

Pero Colombia no da pausa. Ahora que no necesitamos visa para viajar a Europa, que hemos tenido dos Miss Universo consecutivas, aunque el segundo reinado sólo nos haya durado un par de minutos, y sobre todo ahora que la paz se ha negociado con las FARC y se empieza a negociar con el ELN, la sociedad colombiana revienta de felicidad y optimismo. Pero, ¿en verdad lo creemos así?

Aparte de todas las historias fantásticas del país del Sagrado Corazón, las personas emigradas y las forzadas al exilio sabemos lo que significa salir del oasis de la motosierra y el raponeo institucional. Con nuestro trabajo como migrantes participamos de forma significativa en la economía del país: las mesadas de dinero que las personas emigradas y exiliadas regularmente enviamos a nuestras familias en Colombia alcanzan anualmente cerca de 4.000 millones de dólares anuales. Entre enero y septiembre de 2015, estas remesas totalizaron 3.403 millones de dólares, lo que equivale al 1,5% del Producto Interno Bruto y el 8% de los ingresos corrientes de la balanza de pagos (3). Nadie puede decir, pues, que la comunidad colombiana emigrada no realiza un aporte significativo al país. Pero, ¿tenemos el mismo derecho de decidir y participar políticamente en el rumbo del país?

En las negociaciones en La Habana para la finalización del conflicto armado en Colombia se logró visibilizar la importancia y relevancia de las víctimas para la superación del conflicto e igualmente se logró que una persona refugiada fuera escuchada por medio del Foro Internacional de Víctimas. Sin embargo algunas personas estamos convencidas de que tanto la definición del concepto de víctima como la definición e implementación de medidas para el ejercicio de justicia, reparación y memoria en los crímenes de lesa humanidad y en violaciones de los derechos humanos, como condición inevitable para la reconciliación, aún no satisfacen las expectativas de muchas personas y todavía son campos en disputa.

Si bien es cierto que nos alegramos profundamente de lo avanzado hasta ahora en el tema de reconocimiento y visibilización de las víctimas, también miramos con escepticismo los aires bonachones que auguran el advenimiento de la justicia y la democracia en Colombia tras la negociación con las FARC, en especial porque vemos inconsistencias en la Ley de Víctimas y porque aún no vemos que la participación de las personas emigradas o en condición de exilio esté vinculada con perspectivas de mejoramiento sustancial de sus condiciones de vida.

Por el contrario, vemos con preocupación los discursos diferenciadores entre una supuesta ‘migración económica’ y el ‘exilio político’. Esta diferencia se traza desde una perspectiva moral, que otorga a las personas en situación de exilio una cierta superioridad altruista que les determina como interlocutoras primarias en la construcción de país. A cambio de esto, la llamada ‘migración económica’ es vista como una opción no obligada, no victimizante y ausente de cualquier base política. De hecho, esta diferenciación genera nuevas exclusiones y jerarquías sociales y, muy al tono con lo que es la realidad de la migración en Europa, puede significar la negación de los derechos básicos de quienes la integran.

Igualmente, nos parece preocupante que en la búsqueda de la paz se dé por hecho que la gran preocupación de la comunidad emigrada y en situación de exilio sea el retorno. Reconociendo la importancia de que las personas retornadas deben hacerlo con garantías y derechos, desconfiamos de un discurso que apunta a la construcción de esas garantías, pero que desconoce la legitimidad del derecho a la vida digna de las personas emigradas, pues suponer que la única forma de acceder a derechos y garantías es el retorno es aceptar que sólo mediante el abandono de la condición migrante se puede aspirar a ser una persona de derecho y con derechos. Las experiencias que muestran la solución de los
conflictos en otros países y los  intercambios con personas migradas o refugiadas de todo tipo nos indican la necesidad de derechos tanto en las sociedades de recepción como en Colombia para una migración que será circular o, dicho de otra manera, con múltiples idas y venidas entre los territorios.


Porque no hemos llegado al paraíso

Llegar a Europa fue y sigue siendo para muchas personas una experiencia traumática y victimizante. Por una parte, nuestras familias y amistades en Colombia suponen que hemos arribado al paraíso y esperan que lo mas pronto posible empecemos a enviarles dinero. Por otra parte, la inclusión social y el respeto a nuestra identidad en tierras europeas están desde nuestro arribo amenazadas y quienes llegamos a Europa debemos someternos a estructuras sociales, políticas, económicas y culturales que, en gran parte, se han construido y se siguen construyendo sobre la criminalización y explotación del ser no europeo.

Los permisos de residencia y trabajo, los visados, la exigencia de asimilación cultural, las cárceles de deportación, el régimen laboral, los limitados derechos a la salud y la educación, como también el desconocimiento de nuestro saber y nuestra experiencia vital acumulada, nos recuerdan día a día que el paraíso europeo sólo ha sido posible por medio del colonialismo, de la exclusión y del sometimiento por medio de la fuerza del otro no europeo y de todas las tradiciones culturales no europeas.

Europa, es decir la tradición blanca, colonialista, capitalista y patriarcal, ha desarrollado hace años una política de represión, persecución y exclusión de las personas inmigradas en sus territorios. Las personas colombianas no estamos exentas de esta dinámica de violencia institucional del eurocentrismo y, aunque nuestro ego arribista y clasista del ser colonizado nos haga creer siempre que estamos en el ombligo del mundo, nuestro corazón de tierra y pueblo nos duele a gritos cada día, en medio de la discriminación y el racismo de las sociedades europeas.

Llamamiento

Ante esta situación, personas y organizaciones migrantes colombianas vemos en el llamamiento de las organizaciones sociales y políticas de Colombia para construir la Mesa Social para la Paz una oportunidad para reconstruir los tejidos sociales y culturales de la comunidad colombiana emigrada y en condición de exilio.

Igualmente, vemos en la Mesa Social para la Paz la posibilidad de redefinir la participación  de la población emigrada y en exilio en los procesos de negociación política para la definición de un nuevo modelo de país, como también la posibilidad de generar cambios significativos  en las relaciones sociales e institucionales que nos determinan en los países que habitamos como migrantes. Con esto queremos decir que, si bien la Mesa Social para la Paz es una posibilidad de construir país desde la migración y el exilio, como también en la migración y el exilio.

En el mes de noviembre de 2015 se realizó un primer encuentro de la Mesa Social para la Paz en Ginebra. La propuesta del segundo encuentro pretende dar continuidad a algunas de las reflexiones planteadas en este evento como la necesidad de regularizar encuentros en diferentes ciudades, de vincular la población inmigrada a procesos de reflexión a partir de los contextos locales. En esta ocasión queremos convocar a la población colombiana inmigrada y en situación de exilio en Suiza y en Europa a un encuentro para reflexionar acerca de la situación de las personas colombianas inmigradas, los mecanismos de participación e interlocución de esta población en los procesos de negociación para la democratización del país y, finalmente, para discutir la recientemente aprobada Ley de Víctimas y las repercusiones de ésta para la población emigrada y en situación de exilio.

Programa

Viernes 4 de marzo
19:00 – La participación de la sociedad civil en los procesos de negociación para la democratización del país y la perspectiva desde la migración y el exilio.
Charla pública con:
– Gina Suárez, Confluencia de Mujeres, Congreso de los Pueblos, Bogotá.
– Iván Forero, Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), Madrid.
– Diego Gómez, Congreso de los pueblos, Europa.

Sábado 5 de marzo
10:00 – ¿Qué es la ley de víctimas? Marcos jurídicos para el trabajo de justicia y reparación, Iván Forero.
11:30 – El trabajo de memoria en la negociación para la democratización del país, Felipe Polanía.
13:00 – Almuerzo.
14:30 – Trabajo en grupos:
– Situación de las personas inmigradas.
– Participación e interlocución, ¿para qué? Definición de intereses.
– Víctimas, definición, marcos jurídicos y contextos políticos.
17:00 – Pausa.
17:30 – Presentación del trabajo en grupos y discusión en plenaria.
19:00 – Película “El rastro de Camilo” de Diego Briceño Orduz (2015).
20:00 – Cena.
21:30 – Pachanga de la solidaridad.

Domingo 6 de marzo
11:00 – Brunch.
13:00 – Perspectivas, plan de acción y resoluciones finales.
16:00 – Cierre del evento.

Appel pour favoriser la participation de la société dans les dialogues de paix

Appel pour favoriser la participation de la société dans les dialogues de paix

Nous, membres de diverses organisations sociales et populaires, ecclésiales, religieuses et spirituelles, de défense de droits humains, ethniques, de femmes, syndicales et politiques, faisons appel à la construction d’une Table de négociations sociales pour la Paix afin de contribuer à apporter des solutions au conflit social, armé et politique. Nous invitons toutes celles et ceux qui s’intéressent à la construction de la paix et de la démocratie à donner vie à cette initiative. C’est dans ce but que nous partageons l’appel suivant:

Au Gouvernement national,
Aux organisations et réseaux de femmes,
Aux peuples autochtones, afro-descendants et paysans,
Aux organisations sociales du pays,
Aux habitant.e.s des villes,
Aux jeunes, aux sportifs ou aux artistes,
Aux organisations écologistes et aux défenseur.e.s des droits humains,
Aux organisations syndicales,
Au secteur académique et aux étudiant.e.s,
Aux Églises et aux communautés de foi,
Aux secteurs économiques,
Aux partis politiques,
Aux organisations insurgées,
Aux médias,
À la diaspora colombienne et aux exilé.e.s,
À la Colombie toute entière et aux peuples solidaires du monde.

La possibilité et la nécessité d’approfondir la démocratie en Colombie est à l’ordre du jour. Pour ce faire, il faut une reforme politique d’ampleur qui devra inclure le respect effectif des droits sociaux et économiques de la population, la fin des iniquités sociales et la mise en œuvre de transformations institutionnelles et culturelles qui brisent le cycle de la violence et de l’intolérance politique que nous vivons. Ces changements ne pourront se matérialiser que par la participation directe, inaliénable et décisionnelle de la société et l’engagement d’acteur.trice.s important.e.s du pays.

Nous sommes à un tournant qui pourrait permettre de résoudre certains des conflits que vit le pays. En ce moment le gouvernement et l’insurrection dialoguent pour mettre fin au conflit armé, dialogue dont le succès est intimement lié à la mise en oeuvre de transformations structurelles. Cependant, la principale faiblesse de ce processus de dialogue est justement le manque de participation de la société. Nous avons tous et toutes senti.e.s ce manque et reconnu.e.s que la participation citoyenne sera déterminante. Elle seule peut donner l’impulsion qui sera nécessaire au processus avec les FARC à la Havane, qui rendra possible les dialogues avec l’ELN et qui pourra mobiliser les acteurs sociaux en mesure d’accomplir les transformations sociales qui mèneront à une paix basée sur la justice sociale.

La participation de la société : une condition nécessaire à la construction de la paix

Les dialogues entre le gouvernement et les FARC se trouvent dans une phase décisive au cours de laquelle des enjeux cruciaux devront être discutés, entre autre comment aborder les “réserves” que cette organisation maintient sur les dialogues et les points d’accord en suspens. Il nous semble évident que la participation de la société est primordiale en ce moment, elle a déjà joué un rôle important dans le passé afin de débloquer les négociations. Ceci a été démontré par la participation directe des victimes, qui a permis de trouver des alternatives en matière de justice, de vérité, de réparation et de non répétition, comme l’ont reconnu les FARC et le gouvernement. Afin de combler le manque de participation, plusieurs acteurs politiques – pas seulement les FARC – signalent la nécessité qu’une Assemblée constituante se penche sur ces enjeux et entérine les accords.

Par ailleurs, l’approche de l’installation d’une table de négociation entre le gouvernement national et l’ELN exige un nouvel élan pour la participation sociale et citoyenne. Cette organisation insurgée a insisté sur le fait que la participation de la société comme un sujet actif est un élément facilitateur dans leurs négociations avec le gouvernement. C’est la société dans toute sa diversité et pluralité qui doit, par le dialogue et la négociation, permettre de résoudre les contradictions sociales et politiques qui génèrent le conflit armé. L’information transmise par les médias et les déclarations directes des parties impliqués, permettent d’affirmer que le gouvernement et l’ELN accueillent favorablement la participation décisionnelle de la société dans ces dialogues de paix.

Table de négociations sociales pour la paix

Les organisations sociales, populaires, ecclésiales, religieuses, spirituelles, organisations de défense des droits humains, ethniques, de femmes, syndicales et politiques signataires, considérons que notre responsabilité face à la fin du conflit armé et de la construction de la paix nous oblige à répondre à cette demande explicite du processus de paix et à remplir notre devoir historique envers un nouveau pacte démocratique en Colombie. C’est pour cela que nous mettons nos organisations et notre volonté politique au service de la construction d’un espace capable de contribuer à la fin du conflit social, armé et politique.

C’est dans ce but que nous considérons qu’il est temps de formaliser un espace de dialogues et de négociations nationales pour la paix et la démocratie, que nous nommons Table de négociations sociales pour la paix. Il s’agit d’un espace dans lequel nous nous retrouverons face à face entre mouvement social et populaire et pouvoir institutionnel et économique, afin de débattre des problèmes que vit le pays, trouver des solutions efficaces aux conflits sociopolitiques à l’origine du conflit armé et s’accorder sur les bases d’une société démocratique juste et en paix.

Nous considérons que la Table de négociations sociales pour la paix et les tables de négociations entre les groupes insurgés armés et le gouvernement sont complémentaires, puisque la trame de fond du conflit armé est sociale, politique et économique. Cependant, elles ne dépendent pas l’une de l’autre car, bien que les accords de la Table de négociation pour la paix aient une incidence positive sur la finalisation de la guerre, ces accords ne peuvent dépendre du résultat des négociations entre gouvernement et insurrection armée.

Cette complémentarité permet d’aborder et de résoudre en toute légitimité, autour d’un consensus social, les problématiques qui ne sont pas abordées dans les négociations entre le gouvernement et les FARC et pourra devenir un espace décisionnel de la société dans la perspective énoncée par l’ELN et le gouvernement. Ce seront toutefois les insurrections et le gouvernement qui détermineront la portée des accords sociaux sur leurs négociations. La table de négociations sociales pour la paix devra interpeler en permanence le gouvernement et les groupes insurgés afin de concrétiser des mécanismes spécifiques de complémentarité.

Nous souhaitons mettre en place une négociation autonome et transformatrice entre le mouvement social, le secteur des entreprises, le milieu académique, les communautés de foi, les partis politiques et le gouvernement, afin de construire la paix et de mettre en œuvre des transformations profondes. La portée, la composition et l’agenda de la Table de négociations sociales pour la paix devra être définie par l’ensemble des secteurs qui répondront à cet appel. Le secteur populaire a construit historiquement un agenda des transformations nécessaires à une transition vers la paix et nous pensons qu’il est fondamental d’en faire l’agenda de base des négociations, puisqu’il touche aux causes même du conflit social et politique.

À cette table de négociations sociales pour la paix, nous convoquons le gouvernement national, les entrepreneurs colombiens et transnationaux, les forces militaires, les militaires à la retraite, les médias de communication commerciaux, les partis politiques, les gouvernements régionaux, ainsi que le milieu académique, ecclésial et les communautés de foi. Les groupes insurgés devront avoir leur place au sein de cet espace de construction de paix, tout comme les gouvernements étrangers qui ont eut une influence importante sur le conflit armé et peuvent avoir un rôle clef dans la construction de la paix; ces derniers pourront tenir un rôle de facilitateurs, vérificateurs et garants du processus.

Il est, selon nous, possible de faire converger ces agendas, ces intérêts et élaborer des consensus et des accords politiques solides et durables au sein de la société colombienne pour une nouvelle démocratie. Ceux-ci devraient s’exprimer dans des accords politiques pour la transition, des propositions et des consensus touchant les politiques publiques qui puissent s’appliquer au processus de paix et à la transition démocratique. Les accords, pactes et consensus obtenus à la table de négociations pour la paix pourront s’inscrire dans l’esprit et le format d’un espace pré-constituant, sans empêcher l’existence de pactes et d’accords qui puissent être mis en œuvre immédiatement.

Afin de constituer cet espace de dialogue et de négociation, nous, les signataires de cet accords, nous nous engageons à intensifier le Grand Dialogue National avec le spectre le plus ample d’acteurs sociaux et politiques du pays, incluant le gouvernement national et les groupes insurgés afin de trouver le chemin de la paix avec justice sociale et équité, vers une nouvelle nation. Une commission d’impulsion de ce dialogue ouvre ses portes à tous les acteur.trice.s intéressé.e.s à la construction de la paix et de la démocratie.

Organisations initiatrices:

Congreso de los Pueblos.
Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).
Proceso de Comunidades Negras (PCN).
Central Unitaria de los Trabajadores (CUT).
Coordinación de Movimientos Sociales de Colombia (Comosoc).
Unión Sindical Obrera de la Industria Petrolera (USO).
Movimiento de Mujeres por la Paz.
Movimiento Social de Discapacidad de Colombia (Mosodic).
Federación Unitaria de Trabajadores Mineros, Energéticos, Metalúrgicos, Químicos y de Industrias Similares de Colombia (Funtraenergética).
Asociación de Cabildos Indígenas del Norte de Cauca (ACIN).
Coordinador Nacional Agrario (CNA).
Movimiento Campesino de Cajibío.
Casa de la Mujer.
Sindicato de Trabajadores y Epleados Universitarios de Colombia (Sintraunicol) seccional Valle.
Mesa Ecuménica.
Comisión de Justicia, Paz e Integridad de la Creación de los Misioneros Claretianos.
Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle (Sutev).
Red de Universidades por la Paz (Red Unipaz).
Movimiento Político de Masas del Centro Oriente Colombiano.
Red de Lucha contra el Hambre y la Pobreza.
Proceso Nacional de Identidad Estudiantil.
Minga Juvenil Nacional.
Tejido Juvenil Transformando a la Sociedad (Tejuntas).
Confluencia de Mujeres para la Acción Pública.
Sindicato Único Nacional de Mototrabajadores (Sumcol).
Corporación Claretiana Nórman Pérez Bello.
Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA).
Comité de Integración Social del Catatumbo (CISCA).
Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar.
Movimiento Político Poder y Unidad Popular (PUP).
Asociación Minga.
Instituto Nacional Sindical (INS).
Observatorio de Movimientos Sociales Suroccidente (Omsapt).
Censat Agua Viva.
Colectiva Antonieta Mercury.
Colectivo Profes Nuevos 1278.
Colectivo de la Salud Epitelio.
Corporación Ensayos.
Rocaso Estudiantil.
Zona Pública.
Instituto de Investigación Acción en Procesos Educativos y Sociales “Orlando Fals Borda (Iapes – OFB).

Aufruf zur Stärkung der gesellschaftlichen Beteiligung an den Friedensgessprächen für Kolumbien

Aufruf zur Stärkung der gesellschaftlichen Beteiligung an den Friedensgessprächen für Kolumbien

Wir, verschiedene soziale, politische, kirchliche und Menschenrechtsorganisationen sowie Gewerkschaften, rufen zum Aufbau eines Sozialen Verhandlungstisches für den Frieden auf, um damit zur Lösung des sozialen, politischen und bewaffneten Konfliktes beizutragen. Wir laden alle Interessierten am Aufbau des Friedens und der Demokratie dazu ein, diese Initiative mitzugestalten. Wir bringen dazu unsere Ideen im folgenden Aufruf zum Ausdruck:

An die Regierung,
an die Organisationen und Verbände von Frauen,
an die Indigenen,
an die sozialen Organisationen des Landes,
an die Menschen in den Städten,
an die Jugendlichen, Sportler und Künstler,
an die Umwelt- und Menschenrechtsorganisationen,
an die Gewerkschaften,
an die Universitäten und Studenten,
an die Kirchen und die Glaubensgemeinschaften,
an die Wirtschaftsgremien,
an die politischen Parteien,
an die Guerillaorganisationen,
an die Medien,
an die Kolumbianer in der Diaspora und im Exil,
an ganz Kolumbien und an die solidarischen Menschen in der Welt,

Die Notwendigkeit und die Möglichkeit, dass Kolumbien die Demokratie vertieft, sind das Gebot der Stunde. Um dies zu realisieren, benötigt das Land eine umfassende politische Reform, deren wesentliche Komponenten die Umsetzung der sozialen und wirtschaftlichen Rechte der Bevölkerung, die Überwindung sozialer Ungleichheit und institutionelle wie kulturelle Veränderungen sind, die den langen Zyklus der Gewalt und der politischen Intoleranz brechen. Diese Anforderungen können nur mit der direkten, verbindlichen und mitbestimmenden Beteiligung der Gesellschaft und der Verbindlichkeit der zentralen Akteure des Landes umgesetzt werden.

Dadurch, dass die Regierung und die Aufständischen Gespräche führen, um den bewaffneten Konflikt zu beenden, befinden wir uns in einem entscheidenden Moment der Lösung einiger der Konflikte im Land.

Deren Erfolg hängt in hohem Maße von der Umsetzung struktureller Veränderungen ab. Genau in diesem Prozess bestätigt sich aber, dass seine größte Schwäche die geringe Beteiligung der Gesellschaft ist. Wir haben alle unter diesem Mangel gelitten und erkannt, dass die Bürgerbeteiligung von entscheidender Bedeutung ist, um dem Prozess mit den Farc in Havanna die erforderlichen Impulse zu geben, um öffentliche Dialoge zu ermöglichen, wie sie mit der ELN näher rücken, und um die sozialen Akteure zu stärken, die die Transformationen hin zum Frieden mit sozialer Gerechtigkeit anführen.

Die Beteiligung der Gesellschaft ist erforderlich für den Aufbau des Friedens
Die Gespräche der Regierung und der Farc befinden sich in einer entscheidenden Phase, in der die Kernfragen diskutiert werden sollten: unter anderem die Frage nach sogenannten Schutzmaßnahmen und die noch offenen Punkte der Vereinbarung. Für uns steht fest, dass für einen Fortschritt in diesem Prozess die Beteiligung der Gesellschaft notwendig ist. Diese hat sich bereits als ein wirksames Element erwiesen, um Blockaden bei den Verhandlungen aufzuheben. Dies zeigte sich beim Thema der Opferrechte, wo die direkte Beteiligung entscheidend war für die Entwicklung von Alternativen bei der Gerechtigkeit, Wahrheit, Wiedergutmachung und Nichtwiederholung, wie es vonseiten der Farc und der Regierung auch anerkannt wird. Um diesem Bedarf der Teilnahme gerecht zu werden, haben verschiedene politische Akteure – nicht nur die Farc – auf die Notwendigkeit einer verfassunggebenden Versammlung hingewiesen, die diese Probleme anzugehen und die Vereinbarungen umzusetzen vermag.

Andererseits erfordern die näher rückenden Verhandlungen zwischen der Regierung und der ELN einen neuen Impuls für die soziale und die Bürgerbeteiligung. Diese Organisation hat stets darauf bestanden, dass die Einbindung der Gesellschaft als aktives Subjekt in dem Friedensprozess eine vermittelnde Komponente der direkten Gespräche mit der Regierung ist; denn es ist die Gesellschaft  – in ihrer Vielfalt und Pluralität –, die ebenfalls mittels Dialog und Verhandlung einen Großteil der sozialen und politischen Widersprüche, die zum bewaffneten Konflikt geführt haben, überwinden muss.  Medieninformationen und die Aussagen der direkt Beteiligten lassen darauf schließen, dass die Regierung und die ELN die entscheidende Beteiligung der Gesellschaft in diesen Friedensgesprächen vereinbart haben.

Sozialer Verhandlungstisch für den Frieden

Wir, die unterzeichnenden sozialen, politischen und kirchlichen Organisationen sowie Menschenrechtsorganisationen und Gewerkschaften, verstehen, dass unsere Verantwortung für die Überwindung des bewaffneten Konfliktes und für den Aufbau des Friedens uns dazu verpflichtet, dieser expliziten Forderung im Friedensprozess und der historischen Forderung nach einem neuen demokratischen Pakt für Kolumbien nachzukommen. Deswegen bieten wir unsere Organisationen und unseren politischen Willen dafür an, ein Szenario zu schaffen, das entscheidend zur Beendigung des sozialen, politischen und bewaffneten Konfliktes beiträgt.

Wir glauben, dass jetzt der Moment gekommen ist, um einen Raum des Dialoges und der Verhandlungen für Frieden und Demokratie landesweit zu formalisieren, den wir Sozialen Verhandlungstisch für den Frieden nennen. Dabei geht es um ein Szenario des Austauschs von Angesicht zu Angesicht zwischen der sozialen Volksbewegung und den institutionellen und wirtschaftlichen Kräften, um die Probleme des Landes zu diskutieren, effektive Auswege aus den soziopolitischen Konflikten zu vereinbaren, die den bewaffneten Konflikt bedingen, und um die Grundlagen für eine demokratische, gerechte und friedliche Gesellschaft zu vereinbaren.

Wir sind der Auffassung, dass der Soziale Verhandlungstisch für den Frieden und die Verhandlungsrunden zwischen bewaffneten Aufständischen und Regierung sich ergänzen, denn der Hintergrund des bewaffneten Konfliktes ist sozial, politisch und wirtschaftlich. Allerdings sind sie nicht voneinander abhängig. Auch wenn die Vereinbarungen des Sozialtisches für den Frieden eindeutig das Ende des Krieges zum Ziel haben, können sie nicht von den Ergebnissen der Gespräche zwischen Staat und bewaffneten Aufständischen abhängen.

Dieser Vorschlag wird so zu einem ergänzenden Raum der Gespräche mit den Aufständischen, indem er mit Legitimität und sozialem Konsens Probleme zu lösen vermag, die zwischen Regierung und Farc nicht gelöst werden. Auch ist er eine der Möglichkeiten der mitbestimmenden Beteiligung der Gesellschaft in der Perspektive, die ELN und Regierung vereinbart haben. Aber es werden Regierung und Aufständische sein, die die konkrete Tragweite der Vereinbarungen des Sozialtisches für ihre eigenen Verhandlungen bestimmen; der Soziale Verhandlungstisch für den Frieden sollte einen permanenten Austausch mit den Aufständischen und der Regierung aufnehmen, um diese spezifischen Formen der Ergänzung in Einklang zu bringen.

Auf diese Weise ist zu erwarten, dass sich eine autonome und zu Transformationen führende Verhandlung zwischen der sozialen Bewegung, der Wirtschaft, der Wissenschaft, Glaubensgemeinschaften, politischen Parteien und der Regierung mit der Perspektive auf Frieden und Fortschritt und auf große Veränderungen entwickelt.

Den Umfang, die Zusammensetzung und die Tagesordnung des Sozialtisches für den Frieden müssen wir unter allen Sektoren vereinbaren, die diesem Anruf folgen. Von unten her haben wir eine eigene historische Agenda über die notwendigen Veränderungen für einen Friedensprozess erstellt. Und wir denken, es ist von grundlegender Bedeutung, dass sie die Grundlage für die Verhandlungen ist, da diese Fragen Teil der sozialen und politischen Konflikte sind.

Zur Teilnahme an diesem Sozialen Verhandlungstisch für den Frieden rufen wir die Regierung auf, die kolumbianischen und transnationalen Unternehmer, das Militär und pensionierte Militärs, die kommerziellen Medien, die politischen Parteien, die Landesregierungen sowie die Wissenschaft und die Kirchen. Die Aufständischen sollen einen Platz in diesem Raum der Partizipation und des Friedensaufbaus haben, ebenso ausländische Regierungen, die Einfluss auf den bewaffneten Konflikt haben oder eine Schlüsselrolle im Friedensprozess haben könnten. Letztere könnten die Rolle von Vermittlern, Prüfern und Garanten des Prozesses erfüllen.

Wir halten die Zusammenführung dieser Absichten und Interessen für möglich und dass davon ausgehend Konsens und dauerhafte, verlässliche politische Absprachen im Schoß der kolumbianischen Gesellschaft für eine neue Demokratie geschaffen werden. Diese sollten sich in politischen Vereinbarungen für den Übergang niederschlagen, in Vorschlägen oder Einigungen über die staatliche Politik, die sowohl in den Prozess der Friedensgespräche selbst sowie im demokratischen Übergang angewendet werden können. Die Vereinbarungen, Abkommen und Einigungen des Sozialen Verhandlungstisches für den Frieden können den Geist und das Format eines formgebenden Raums für die Verfassungsgebung annehmen, ohne den Vereinbarungen und Einigungen über direkt umsetzbare Maßnahmen entgegenzustehen.

Um diesen Raum des Dialogs und der Verhandlungen für den Frieden zu schaffen, werden wir Unterzeichner dieses Aufrufs einen gemeinsamen landesweiten Dialog mit dem breitesten Spektrum sozialer und politischer Akteure des Landes intensivieren, einschließlich der Regierung und der Aufständischen, um diesen Weg in Richtung Frieden mit sozialer Gerechtigkeit und Gleichheit als Ankündigungen einer neuen Nation zu ebnen. Die Initiativkommission dieses Dialogs hat ihre Türen für alle geöffnet, die am Aufbau des Friedens und der Demokratie interessiert sind.

Erstunterzeichner:

Congreso de los Pueblos.
Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).
Proceso de Comunidades Negras (PCN).
Central Unitaria de los Trabajadores (CUT).
Coordinación de Movimientos Sociales de Colombia (Comosoc).
Unión Sindical Obrera de la Industria Petrolera (USO).
Movimiento de Mujeres por la Paz.
Movimiento Social de Discapacidad de Colombia (Mosodic).
Federación Unitaria de Trabajadores Mineros, Energéticos, Metalúrgicos, Químicos y de Industrias Similares de Colombia (Funtraenergética).
Asociación de Cabildos Indígenas del Norte de Cauca (ACIN).
Coordinador Nacional Agrario (CNA).
Movimiento Campesino de Cajibío.
Casa de la Mujer.
Sindicato de Trabajadores y Epleados Universitarios de Colombia (Sintraunicol) seccional Valle.
Mesa Ecuménica.
Comisión de Justicia, Paz e Integridad de la Creación de los Misioneros Claretianos.
Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle (Sutev).
Red de Universidades por la Paz (Red Unipaz).
Movimiento Político de Masas del Centro Oriente Colombiano.
Red de Lucha contra el Hambre y la Pobreza.
Proceso Nacional de Identidad Estudiantil.
Minga Juvenil Nacional.
Tejido Juvenil Transformando a la Sociedad (Tejuntas).
Confluencia de Mujeres para la Acción Pública.
Sindicato Único Nacional de Mototrabajadores (Sumcol).
Corporación Claretiana Nórman Pérez Bello.
Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA).
Comité de Integración Social del Catatumbo (CISCA).
Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar.
Movimiento Político Poder y Unidad Popular (PUP).
Asociación Minga.
Instituto Nacional Sindical (INS).
Observatorio de Movimientos Sociales Suroccidente (Omsapt).
Censat Agua Viva.
Colectiva Antonieta Mercury.
Colectivo Profes Nuevos 1278.
Colectivo de la Salud Epitelio.
Corporación Ensayos.
Rocaso Estudiantil.
Zona Pública.
Instituto de Investigación Acción en Procesos Educativos y Sociales “Orlando Fals Borda (Iapes – OFB).

Call to strengthen the participation of society in peace talks

Call to strengthen the participation of society in peace talks

We, the undersigned community and people’s organizations, religious and spiritual organizations, human rights defenders, ethnic groups, women’s groups, trade union and political movements, and others hereby call for the building of a Social Roundtable for Peace to help solve the social, political, and armed conflict. We invite all those interested in peacebuilding and democracy to help structure this initiative, and offer the ideas set out in the following appeal to:

The national government;

Women’s organizations and coalitions;

Indigenous peoples, Afro-Colombians, and peasants;

Colombian social organizations;

City dwellers;

Young people, athletes, and artists;

Environmental and human rights organizations;

Trade unions;

Academics and students;

Churches and faith-based communities;

Trade, professional, and industry associations;

Political parties;

Insurgent organizations;

The media;

The Colombian diaspora and exiled Colombians;

All Colombia, as well as the peoples of the world in solidarity with this country.

The need and opportunity for Colombia to deepen its democracy are the order of the day. For this to become a reality, the country requires a sweeping political reform whose essential components are the realization of social and economic rights, the elimination of social inequity, and the adoption of institutional and cultural transformations to break with the long cycle of political violence and intolerance we have experienced. These imperatives can only be brought to fruition with the direct, binding, decisive participation of society and the commitment of the country’s key actors.

With the government and the insurgents involved in talks to put an end to the armed conflict, the success of which depends in large measure on the successful completion of structural transformations, the moment is opportune to resolve some of the country’s conflicts. But it is equally clear that the main weakness of this process is the limited allowance it has made for civil society involvement. We all sense this weakness and understand that civic participation will be decisive in giving impetus to the process with the FARC in Havana, creating the conditions for success in the upcoming talks with the ELN, and empowering social agents to lead the necessary transformations towards peace with social justice.

Societal participation: a necessary condition for peacebuilding progress

The talks between the government and the FARC are at a decisive phase when crucial subjects must be discussed, including deciding on how to address the so-called “safeguards” imposed by the FARC at the negotiating table and the matters “pending agreement.” It seems clear to us that societal participation will be necessary for this process to make strides, for such participation has proven effective in overcoming certain impasses in the negotiations. One example concerns the rights of victims, whose direct participation has been decisive in the search for justice, truth, reparation, and non-repetition, as acknowledged by both the FARC and the government. To fill this need for participation, various political actors – not just the FARC – have pointed to the need to form a Constituent Assembly to address these issues and ratify the accords.

On another note, the upcoming talks between the national government and the ELN demand a new push for civic participation. This insurgent organization has insisted that the active participation of civil society in the process will facilitate its talks with the government. It believes that society, in all its diversity and plurality, should have a primary role – here again, through dialogue and negotiation – in resolving the social and political contradictions generated by the armed conflict. Information in the media and statements from the parties directly involved suggest that the national government and the ELN have agreed to give civil society decision-making input into these peace talks.

The Social Roundtable for Peace

We, the undersigned community and people’s organizations, religious and spiritual organizations, human rights defenders, ethnic groups, women’s groups, trade union and political movements, understand that our responsibility to help end the armed conflict and build peace compels us to address this explicit appeal from the peace process and the historic demand for a new democratic pact for Colombia. We therefore lend the support of our organizations and our political will to the design of a scenario that can make a decisive contribution to ending the social, political, and armed conflict.

In the search for this scenario, we believe that it is time to formalize a national Roundtable for dialogue and negotiation in favor of peace and democracy, which we are calling the Social Roundtable for Peace. This is a scenario in which the popular social movement will meet face-to-face with the institutional and economic powers to debate the problems plaguing the country, agree upon effective solutions for emerging from the sociopolitical conflicts underlying the armed conflict, and lay the basis for a just, peaceful, and democratic society.

We believe that the Social Roundtable for Peace and the talks between the armed insurgency and the government are complementary, since the root causes of the armed conflict are social, political, and economic. However, these processes are not mutually dependent: while agreements reached at the Social Roundtable for Peace will obviously militate in favor of ending the war, these results cannot depend on those emerging from the talks between the government and the armed insurgency.

This proposal is therefore intended to complement the talks with the insurgency. It can legitimately and consensually address and resolve issues not addressed in the talks between the national government and the FARC, as well as being one manifestation of the decisive participation of civil society within the frameworks being discussed between the ELN and the national government. However, it is the government and the insurgencies who must determine the practical scope of the social agreements ensuing from their own negotiations. The Social Roundtable for Peace will have to maintain ongoing influence over both parties in order to coordinate these specific forms of complementarity.

It is hoped that in this way, an autonomous and transformative process can be carried on between the social movement, the business sector, the universities, the faith-based communities, the political parties, and the national government with a view to building peace and moving forward on the necessary societal transformations.

The scope, composition, and agenda of the Social Roundtable for Peace have to be agreed upon by all sectors acceding to this appeal. The social movements have been building a historic agenda of their own based on the transformations necessary to effect the transition to peace. We believe that it is fundamental that this be the basis of our negotiations, since these matters are integral to the social and political conflict.

We are inviting the national government, the Colombian and transnational business sector, the armed forces, retired military personnel, the commercial media, the political parties, the regional governments, universities, and the churches and faith-based communities to this Social Roundtable for Peace. The insurgencies should have a place in this participation and peacebuilding roundtable, as should those foreign governments that have had a significant impact on the armed conflict or can play a key role in peacebuilding efforts. These last could play the role of facilitators of the process.

We think it is viable to bring all these agendas and interests together and, in so doing, to reach firm and durable political consensus and agreement within Colombian society in support of a new democracy. This consensus should be stated in the form of political agreements for the transition, proposals or consensus statements on public policy that can be implemented as part of the peace process itself and during the democratic transition. The agreements, pacts, and consensus statements achieved at the Social Roundtable for Peace could adopt the spirit and format of a pre-constitutional space, without taking away from any pacts and agreements that may be implemented in the immediate term.

In building this social rRoundtable for dialogue and negotiation in the interests of peace, the undersigned are preparing to take the grand national dialogue to the next level, with the participation of the broadest possible spectrum of social and political actors, including the national government and the insurgencies. Together, we can map out the path to peace with social justice and equity – the path to a new nation. A commission designed to lay the groundwork for this dialogue hereby opens its doors to all parties interested in peacebuilding and democracy in Colombia.

Initial signers:

Congreso de los Pueblos.
Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).
Proceso de Comunidades Negras (PCN).
Central Unitaria de los Trabajadores (CUT).
Coordinación de Movimientos Sociales de Colombia (Comosoc).
Unión Sindical Obrera de la Industria Petrolera (USO).
Movimiento de Mujeres por la Paz.
Movimiento Social de Discapacidad de Colombia (Mosodic).
Federación Unitaria de Trabajadores Mineros, Energéticos, Metalúrgicos, Químicos y de Industrias Similares de Colombia (Funtraenergética).
Asociación de Cabildos Indígenas del Norte de Cauca (ACIN).
Coordinador Nacional Agrario (CNA).
Movimiento Campesino de Cajibío.
Casa de la Mujer.
Sindicato de Trabajadores y Epleados Universitarios de Colombia (Sintraunicol) seccional Valle.
Mesa Ecuménica.
Comisión de Justicia, Paz e Integridad de la Creación de los Misioneros Claretianos.
Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle (Sutev).
Red de Universidades por la Paz (Red Unipaz).
Movimiento Político de Masas del Centro Oriente Colombiano.
Red de Lucha contra el Hambre y la Pobreza.
Proceso Nacional de Identidad Estudiantil.
Minga Juvenil Nacional.
Tejido Juvenil Transformando a la Sociedad (Tejuntas).
Confluencia de Mujeres para la Acción Pública.
Sindicato Único Nacional de Mototrabajadores (Sumcol).
Corporación Claretiana Nórman Pérez Bello.
Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA).
Comité de Integración Social del Catatumbo (CISCA).
Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar.
Movimiento Político Poder y Unidad Popular (PUP).
Asociación Minga.
Instituto Nacional Sindical (INS).
Observatorio de Movimientos Sociales Suroccidente (Omsapt).
Censat Agua Viva.
Colectiva Antonieta Mercury.
Colectivo Profes Nuevos 1278.
Colectivo de la Salud Epitelio.
Corporación Ensayos.
Rocaso Estudiantil.
Zona Pública.
Instituto de Investigación Acción en Procesos Educativos y Sociales “Orlando Fals Borda (Iapes – OFB).